Los fiscales constantemente en Loja son  víctimas de amenazas de parte de bandas delictivas que operan en la ciudad y provincia; sin embargo, deben dejar sin importancia esas intimidaciones para buscar una verdadera justicia.

El rol de un Fiscal es cumplir el precepto constitucional contenido en el artículo 195 de la Constitución, ejercer la acción penal pública, en representación de la sociedad, de las víctimas. Dirigiendo la investigación pre-procesal y procesal penal.

Para un Fiscal en Loja (que por seguridad no daremos su nombre) las amenazas llegan de algunos sectores, por ejemplo en la zona de frontera de quienes se dedican al contrabando.  “Es visto como un trabajo, un modo de sobrevivir y nosotros somos sus enemigos”, nos cuenta.

Con miedo nos relata que las personas entienden que el trabajo que ellos realizan es un impedimento a lo que las organizaciones delincuenciales llaman “ganar su dinero trabajando”. También indica que el trabajo de un Fiscal en zona fronteriza es más complicado por el número de bandas delincuencias: contrabandistas de mercadería, productos agrícolas, combustibles, drogas, precursores químicos; así como las organizaciones que se dedican al robo de domicilios.

La semana anterior en Macará, en la sede de la Fiscalía, personas no identificadas dejaron un papel en el que se amenazaba al funcionario asignado a esa jurisdicción y a su familia de muerte. Aparentemente, solicitan que se abstenga de acusar a alguna persona o banda que opera en ese cantón.

Primer Reporte conoció que ese accionar se repite en algunos casos, pues tratan de evitar que se continúe con las investigaciones, pues esas agrupaciones se han dedicado a trabajar por años y mediante las amenazas y sobornos delinquen en Ecuador y Perú, perjudicando a las personas que trabajan dignamente.

En una ciudad no fronteriza en cambio deben aplicar justicia con las bandas que se dedican en robos a domicilios y los microtraficantes de drogas, que no dejan de ser un peligro y también amenazan para evitar recibir un proceso penal. Ante ello, deben velar por la seguridad de la ciudadanía, sin importar que sus familias estén en riesgo por su trabajo enmarcadas en la ley. (I).