NINGUNA POTENCIA PUEDE ERIGIRSE EN JUEZ, PARTE Y SOBERANO DE OTROS ESTADOS

“Cuando una potencia se arroga el derecho de decidir por otros pueblos, el Derecho deja de ser norma y la soberanía se convierte en botín.”
I. El retorno de una doctrina sin legitimidad jurídica
En los debates contemporáneos sobre América Latina ha reaparecido, con fuerza retórica y ambición geopolítica, la Doctrina Monroe (1823). Se la invoca —explícita o implícitamente— para justificar intervenciones, presiones, sanciones y acciones unilaterales bajo nuevos disfraces: narcotráfico, democracia, seguridad hemisférica o estabilidad regional. El caso venezolano ha sido presentado como ejemplo paradigmático de esta reactivación discursiva.
Desde el Derecho Internacional Público y desde una lectura constitucional, la cuestión es clara y no admite ambigüedades: la Doctrina Monroe no es una ley internacional, no es una fuente normativa reconocida y no puede, bajo ningún concepto, situarse por encima de la soberanía de un Estado ni de la autodeterminación de un pueblo. Sostener lo contrario implica erosionar los cimientos del orden jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.
Este análisis no defiende gobiernos ni regímenes. Defiende principios, normas y límites jurídicos que protegen a todos los Estados, grandes o pequeños, fuertes o débiles.
II. Naturaleza jurídica de la Doctrina Monroe: una declaración unilateral, no una norma internacional
La Doctrina Monroe fue proclamada el 2 de diciembre de 1823 por el presidente James Monroe ante el Congreso de los Estados Unidos. Su contenido esencial advertía a las potencias europeas que cualquier intento de colonización o intervención en el hemisferio occidental sería considerado una amenaza a los intereses estadounidenses.
Desde el punto de vista jurídico, este punto es determinante:
La Doctrina Monroe es una declaración unilateral de política exterior, no un tratado, no una costumbre internacional y no una norma aceptada por la comunidad internacional.
El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece de manera taxativa las fuentes del Derecho Internacional:
• tratados internacionales,
• costumbre internacional,
• principios generales del derecho,
• decisiones judiciales y doctrina como medios auxiliares.
La Doctrina Monroe no encaja en ninguna de estas categorías. No fue aceptada por otros Estados, no generó consentimiento, no fue codificada multilateralmente. Jurídicamente, no obliga a nadie fuera de Estados Unidos.
Pretender elevarla a norma supranacional es un acto de voluntad política, no de Derecho.
III. De advertencia política a instrumento de dominación: la mutación histórica
Con el paso del tiempo, la Doctrina Monroe sufrió una mutación peligrosa. El llamado Corolario Roosevelt (1904) la transformó en una supuesta facultad de intervención preventiva de Estados Unidos en América Latina, bajo el argumento de “orden”, “estabilidad” o “responsabilidad internacional”.
Esta reinterpretación no solo careció de base jurídica internacional, sino que contradijo frontalmente principios que hoy son inderogables:
• la igualdad soberana de los Estados,
• la no intervención,
• la integridad territorial,
• la autodeterminación de los pueblos.
Históricamente, esta doctrina sirvió de justificación política —no jurídica— para múltiples intervenciones en la región. Pero la historia no legitima el abuso; lo evidencia.
IV. El Derecho Internacional contemporáneo: soberanía, autodeterminación y límites al poder
El orden jurídico internacional moderno se estructura sobre pilares normativos claros:
1. Igualdad soberana de los Estados
El artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas consagra que todos los Estados son jurídicamente iguales, sin jerarquías, sin tutelajes, sin soberanos externos.
Ningún Estado puede proclamarse autoridad superior de otro sin destruir este principio.
2. Prohibición del uso de la fuerza
El artículo 2.4 de la Carta de la ONU prohíbe de forma categórica la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado.
Las excepciones son taxativas:
• legítima defensa ante un ataque armado (art. 51),
• autorización expresa del Consejo de Seguridad.
Ni la lucha contra el narcotráfico, ni la “exportación de democracia”, ni la seguridad hemisférica constituyen excepciones jurídicas reconocidas.
3. Autodeterminación de los pueblos
El artículo 1 de la Carta de la ONU y la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General reconocen que todo pueblo tiene derecho a decidir libremente su sistema político, económico y social.
Este derecho no depende de la aprobación de potencias extranjeras. No es concesión, es titularidad.
V. La falacia contemporánea: ¿quién autorizó a Estados Unidos a gobernar a otros?
Aquí emerge la pregunta jurídica central, incómoda pero necesaria:
¿Quién proclamó a Estados Unidos como soberano regional, juez internacional y ejecutor político de otros Estados?
La respuesta es jurídica y políticamente inequívoca: NADIE.
No existe tratado, resolución ni norma internacional que otorgue a Estados Unidos potestad para:
• decidir quién gobierna otro Estado,
• intervenir militarmente sin mandato multilateral,
• imponer modelos políticos por la fuerza,
• actuar simultáneamente como acusador, juez y ejecutor.
Aceptar ese rol equivale a legitimar una tiranía internacional, incompatible con el Derecho.
VI. Venezuela como caso paradigmático: el pretexto y el principio
El caso venezolano ha sido presentado bajo narrativas de narcotráfico, colapso institucional y amenaza regional. Aun si se aceptaran —hipotéticamente— esas acusaciones, el Derecho Internacional no habilita la sustitución unilateral de la soberanía.
Este punto es esencial y debe quedar claro:
La ilegalidad interna de un gobierno —real o alegada— no autoriza la invasión externa.
El Derecho Internacional no protege gobiernos, protege Estados, territorios y pueblos. La sanción a un régimen no puede ser la destrucción del orden jurídico internacional.
VII. El peligro sistémico: cuando la fuerza sustituye al Derecho
Si se acepta que una potencia puede intervenir unilateralmente invocando doctrinas del siglo XIX, el sistema internacional entra en una fase de regresión.
Hoy es Venezuela.
Mañana puede ser cualquier país que incomode intereses estratégicos.
Cuando el poder se coloca por encima de la norma, la guerra deja de ser excepción y se convierte en método.
VIII. Posición constitucional y doctrinaria: el respeto es para todos
Desde una perspectiva constitucionalista, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación no es selectivo. No depende de afinidades ideológicas ni de conveniencias geopolíticas.
El Derecho o se aplica a todos, o deja de ser Derecho.
Ninguna potencia, por más fuerte que sea, puede convertirse en juez y parte, ni decidir unilateralmente el destino de otros pueblos sin quebrar el principio de legalidad internacional.
IX. Soberanía, Derecho y futuro
La Doctrina Monroe pertenece a la historia de la política exterior estadounidense, no al Derecho Internacional vigente. Su reactivación discursiva constituye un retroceso jurídico, un riesgo para la paz y una amenaza a la estabilidad global.
La soberanía no es un privilegio: es un derecho.
La autodeterminación no es retórica: es norma.
El Derecho Internacional no es opcional: es límite al poder.
Cuando una potencia decide quién manda y quién obedece, el Derecho deja de ser civilización y se convierte en obstáculo.
Desde CASTILLO LAW FIRM estamos siempre a la vanguardia del pensamiento jurídico, defendiendo el respeto irrestricto a la soberanía, al Derecho Internacional y a la autodeterminación de los pueblos, porque la ley no puede ser rehén del poder ni la justicia un instrumento de dominación.
Realizado por:
Frank Editson Castillo Ramírez
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8432-2378
Cel: 0985707410
@Frankeditson