El prefecto de Loja, Rafael Dávila, es denunciado ante la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias, siendo la principal prueba sus declaraciones en un video divulgado públicamente en el que se refiere a la forma en la que se coordinó la fallida designación de José Vicente Córdova como presidente ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur.
La denuncia está suscrita por el abogado César Guerrero Cueva para quien el delito está configurado. “Si revisa las declaraciones (…) se establece que él ha coordinado con el ministro de Energía para que determinada persona ejerza el cargo”, dice.
El Art. 285 del Código Orgánico Integral Penal señala que los servidores públicos “prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
Por eso Guerrero no admite como justificativo que se diga que quien hace los comentarios lo haga como presidente provincial del movimiento CREO en Loja y no en su calidad de prefecto, porque en ambos casos “estaba gestionando cargos que le son prohibidos”, asegura.
El jurisconsulto indica que la denuncia fue planteada también en contra del ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, no así del asambleísta Byron Maldonado, quien también está inmerso en el polémico nombramiento del presidente ejecutivo de la Empresa Eléctrica, pero a quien únicamente se le ha solicitado que rinda su versión sobre el caso.
Si bien la denuncia fue presentada en Loja, ésta deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, debido al fuero que gozan tanto el prefecto como el ministro de Energía.