En los últimos meses, la provincia de Loja ha sido escenario de un creciente malestar ciudadano debido a la mora procesal que afecta al sistema judicial. Si bien algunos han señalado a los abogados como responsables de esta situación, una revisión detallada revela que las causas son estructurales y están vinculadas a decisiones del Consejo de la Judicatura.
Actualmente, Loja enfrenta una escasez crítica de jueces titulares. Según el director provincial del Consejo de la Judicatura, existen siete vacantes que no han podido ser cubiertas debido a la ausencia de un banco de elegibles. Esta situación ha generado audiencias suspendidas, procesos paralizados y una carga insostenible para los jueces en funciones
A nivel nacional, la crisis es aún más profunda. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, alertó que existen 753 vacantes en todo el país, lo que ha provocado un colapso procesal insostenible. Además, el 38% de las unidades judiciales se encuentran sin personal, con sobrecarga procesal y altos riesgos por la presencia del crimen organizado.
Los abogados en Loja han cumplido con sus deberes procesales: presentan escritos dentro de los términos, asisten puntualmente a las audiencias y colaboran con la administración de justicia en el marco de la ley. Sin embargo, el normal avance de las causas se ve entorpecido por una gestión judicial que no ha garantizado la cobertura de las vacantes ni el funcionamiento eficiente del sistema.
Es injusto responsabilizar a los abogados por un problema que tiene su origen en la falta de planificación institucional y en la omisión de las autoridades judiciales encargadas de velar por el acceso oportuno y eficaz a la justicia.
Es imperativo que el Consejo de la Judicatura actúe con urgencia y responsabilidad. Se requiere la implementación de un proceso transparente y eficiente de selección de jueces, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, garantizando con ello el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida.
Además, es esencial que se destinen los recursos necesarios para mejorar la infraestructura judicial, actualizar la tecnología y asegurar una formación continua de los servidores judiciales. Solo con una planificación adecuada y un compromiso institucional firme se podrá superar la crisis que afecta a la justicia en Loja y en todo el país.
La justicia no puede ser vista como un servicio accesorio; es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen en conjunto con los profesionales del derecho para restaurar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Mgtr. Luis A. Villavicencio