“Si los jueces de la Corte Constitucional pueden ser destituidos por sus decisiones, el Estado de Derecho se convierte en rehén del poder político, y la justicia deja de ser ciega para convertirse en dócil sirvienta del poder de turno.”
El debate se ha encendido en el Ecuador. La posibilidad de someter a los jueces de la Corte Constitucional a un juicio político por el contenido de sus fallos no es una discusión trivial. La pregunta, elevada en el marco de una consulta popular, pone en juego pilares fundamentales de nuestra República: la independencia judicial, la solidez del Estado de Derecho y el futuro mismo de la democracia.
El núcleo del problema es simple pero decisivo: un juez constitucional no actúa como un político ni legisla como un asambleísta. Su lenguaje es el de la ley y su herramienta, la sentencia. Pretender juzgar a los magistrados por el contenido de sus fallos es anular la esencia del constitucionalismo, es obligarlos a ser complacientes en lugar de valientes, obedientes en lugar de guardianes.
La grotesca paradoja: la turba con antorchas contra la razón jurídica
¿Aceptaría usted que sus derechos fueran puestos en manos de asambleístas que, en muchos casos, carecen de conocimiento en derecho constitucional, en políticas públicas o incluso de la más elemental técnica jurídica? ¿Es sensato que quienes no podrían aprobar un examen en un estudio jurídico privado tengan la potestad de destituir a los jueces de la Corte Constitucional?
Este escenario no es democracia, es inquisición. En vez de la serenidad del razonamiento legal, se impondría el clamor de las masas con antorchas. El juicio político, en tales condiciones, no sería un proceso de control legítimo, sino un mecanismo de coacción política, una amenaza permanente para amedrentar a quienes deberían ser libres de decidir conforme a la Constitución.
El juicio político no es justicia, es un arma de poder
La doctrina comparada es clara: en una democracia madura, los jueces constitucionales solo pueden ser removidos por delitos graves, jamás por el contenido de sus sentencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reiterado: un juez no puede ser sancionado por la naturaleza de sus resoluciones.
Aceptar lo contrario es condenar a la justicia a la servidumbre. El resultado sería perverso: magistrados cuidando de no incomodar al poder, sentencias débiles y calculadas, una Corte convertida en oficina política disfrazada de tribunal.
Lecciones del pasado y advertencia al futuro
Ecuador ya vivió lo que significa una justicia sometida. Entre 2008 y 2017, la Corte Constitucional fue reducida a un simple apéndice del poder de turno, donde el derecho quedó supeditado a la conveniencia política. Los ciudadanos aprendimos, con dolor, que una Corte sin independencia es apenas un eco de la voluntad presidencial.
Desde 2019, en cambio, la Corte ha mostrado que es posible construir un espacio de control constitucional autónomo, que posicionó al país como referente regional en materia de derechos. ¿Destruiríamos este avance por un capricho político? Hacerlo sería clavar una daga en el corazón de la República.
El juicio político no es un instrumento de justicia. Es, en esencia, un arma de poder. Y cuando se apunta contra los jueces constitucionales, no se destruye un tribunal: se debilita el Estado de Derecho y se hiere de muerte a la democracia.
En Castillo Law Firm estamos presentes en este debate trascendental, defendiendo la idea de que la justicia constitucional debe ser independiente, firme y valiente. Porque sin jueces libres, no hay ciudadanos libres.
Algún día, no muy lejano, la ética dejará de ser discurso y se volverá decisión. Ese día, no serán las mayorías con antorchas quienes definan el destino de la República, sino la razón y el derecho. Y entonces, la historia recordará a quienes estuvieron del lado de la verdad y de los maestros de la Constitución.
Realizado por:
Frank Editson Castillo Ramírez
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8432-2378
Cel: 0985707410
@Frankeditson