En un país donde día a día aumenta la inseguridad y la violencia, un país que lo que va del año 2025 se han detenido 1.179 menores de 18 años de edad cometiendo algún tipo de delito, un país en el cual la primera causa de muerte de personas entre los 5 y 17 años es el homicidio seguida por siniestros de tránsito y suicidio, un país en el cual día a día naturalizamos la violencia ¿Creemos que el aumento de penas y juzgar a menores como adultos es la solución?.
Recordemos que el pilar fundamental de la sociedad es la familia, siendo los padres el principal responsable de la educación de sus hijos, pero esta responsabilidad es compartida con el Estado ecuatoriano quien también es responsable de brindar los servicios mínimos de atención como son educación, salud, seguridad ciudadana entre otros. Estos servicios, que lastimosamente hoy en día es una utopía para la mayoría de familias ecuatorianas en especial familias que no cuentan con recursos económicos necesarios para solventar estos y otros gastos (esta idea queda suelta, no tiene cierre).
El consumo indiscriminado de sustancias, hechos de violencia dentro del entorno familiar, problemas sociales que hemos acarreado por años y que por parte del Estado Ecuatoriano nunca se generaron soluciones puntuales creando leyes; organismos gubernamentales sin los recursos económicos ni el personal idóneo los cuales solo generaron cifras falsas para la presentación anual de resultados pero que en la realidad fueron ahondando los problemas sociales que hoy tenemos como resultado.
Debemos entender que el cuidado, protección, educación y apoyo de los menores son, en gran medida, responsabilidad de los adultos, pero si no tenemos conciencia muchas veces de nuestros propios actos ¿Cómo podemos velar por el bienestar de los más pequeños?
Con esta coyuntura, debemos pensar si la solución propicia a nuestros problemas como país estará en juzgar a menores como adultos. Cómo saber si todos los aprehendidos son delincuentes o si se actuará como en las detenciones de micro traficantes de drogas, que únicamente se detienen, en la mayoría de casos, a consumidores con la finalidad de justificar el trabajo de algunos actores de la policía nacional y del sistema judicial.
Conocemos la realidad precaria que existe en el sistema penitenciario en el país, “hacinamiento, nula existencia de programas de rehabilitación, muertes violentas y perfeccionamiento criminal para los PPL mientras se encuentran dentro de los CRS”(a quién citas), conocimiento que es de dominio popular y, aun así, ningún legislador propuso mejorar los servicios que se brindan en el SNAI.
El Sistema de Justicia juvenil en el Ecuador es defectuoso y al momento saturado con los procesos que se mantiene; y, aun conociendo estas limitantes, queremos generar más responsabilidad a un área que se ha caracterizado por respuestas nefastas a las necesidades sociales que en muchas ocasiones es por la falta de los recursos humanos, técnicos y de capacitación que carecen estos servicios.
Desde el ámbito psicológico, un menor de edad no es igual que un adulto; no se puede juzgar a todos por igual porque cada uno es un mundo diferente ¿Qué va a pasar con niños y adolescentes que presenten TDH y que presenten alteraciones psicológicas o emocionales, problemas de comportamiento? ¿Se tomará en cuenta el medio familiar del cual vienen? Ante un posible historial de maltratos, de violencia ¿Cuáles serán los instrumentos para capacitar al personal judicial y al personal del SNAI para generar una verdadera rehabilitación? Solo el tiempo lo dirá. Pero, la historia del Ecuador en temas similares ya nos da la pauta de cuál será el resultado de esta decisión acogida por la mayoría de asambleístas electos.
Hasta el día que entendamos que la prevención y una rehabilitación adecuada es el camino más efectivo a los males sociales que vivimos no generarnos ningún cambio positivo.