En esta columna, te voy hablar del nepotismo, pero para ello es importante entender que, en toda sociedad que aspira a la justicia y a la

igualdad de oportunidades, el acceso a los cargos públicos debería basarse en la probidad, el mérito, la capacidad y la transparencia. Sin embargo, en la práctica, con frecuencia aparece una distorsión que debilita esos principios, el NEPOTISMO.
El nepotismo es la práctica mediante la cual una persona que ocupa un cargo de poder favorece a sus familiares o personas cercanas, otorgándoles empleos, contratos o posiciones dentro de la administración pública o de una institución. En lugar de que estos cargos se asignen por competencia o preparación profesional, se entregan por vínculos de sangre, amistad o afinidad.
El término proviene del latín nepos o nepotis, que significa “sobrino”. Históricamente, se utilizó para describir una práctica común en la Iglesia católica durante la Edad Media, cuando algunos papas otorgaban cargos importantes a sus sobrinos o familiares. Con el tiempo, el concepto se amplió para referirse a cualquier forma de favoritismo familiar dentro de estructuras de poder.
El problema del nepotismo no radica únicamente en el hecho de favorecer a un pariente, sino en las consecuencias que esto genera para las instituciones. Cuando los cargos se reparten por relaciones personales y no por mérito, se debilita la profesionalización del servicio público, se reduce la confianza ciudadana y se abre la puerta a otras prácticas como el clientelismo o la corrupción.
Además, el nepotismo crea una percepción de injusticia social. Miles de personas que se preparan, estudian y compiten por oportunidades ven cómo estas se cierran cuando el acceso está previamente determinado por vínculos familiares. En este sentido, el mérito pierde valor y las instituciones dejan de ser espacios de igualdad para convertirse en redes de favores.
Por ello, muchos ordenamientos jurídicos modernos han incorporado normas que prohíben o limitan el nepotismo en la administración pública. Estas reglas buscan garantizar que los nombramientos se realicen bajo criterios objetivos, evitando conflictos de interés y protegiendo la integridad de las instituciones.
Combatir el nepotismo no es únicamente una cuestión legal, sino también ética. Implica comprender que el poder público no es un patrimonio personal ni familiar, sino una responsabilidad que debe ejercerse en beneficio de toda la sociedad. Solo cuando el mérito prevalece sobre el privilegio, las instituciones pueden consolidarse como verdaderos espacios de justicia y confianza pública.
En muchas ocasiones, el nepotismo se normaliza bajo la idea de la confianza personal o la cercanía familiar. Sin embargo, cuando esta práctica se instala dentro de las instituciones públicas, termina debilitando el principio de igualdad ante la ley. El servicio público deja de concebirse como una responsabilidad frente a la ciudadanía y comienza a entenderse como un espacio de beneficios privados, donde el acceso depende más de las relaciones que de las capacidades.
Por ello, la lucha contra el nepotismo también exige una cultura institucional basada en la ética pública y la transparencia. No basta únicamente con normas que lo prohíban; es necesario que exista una conciencia colectiva sobre la importancia de proteger el mérito y la imparcialidad en el ejercicio del poder. Solo así se podrá fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que las instituciones respondan verdaderamente al interés general y no a intereses familiares o particulares.