Noboa, durante su campaña presidencial afirmó reiteradamente que no eliminaría el subsidio al diésel debido a su impacto directo en el

costo de vida. Sin embargo, en la actualidad dicho subsidio ha sido retirado, contradiciendo de forma evidente sus promesas. No hay ejemplo más claro de una estrategia electoral basada en el engaño: mintió abiertamente para llegar al poder. Y ahora, a pocos días de la consulta popular, vuelve a recurrir a discursos engañosos con tal de ganar apoyo “a cualquier costo”. Esta falta de coherencia y honestidad vulnera principios éticos esenciales en la función pública.
La verdad, por dura que sea, debe ser comunicada antes de la toma de decisiones, porque forma parte de la ética y responsabilidad con la ciudadanía. Cuando la mentira se normaliza como práctica política, se erosiona la confianza institucional y se deteriora el sistema democrático.
Cada vez resulta más evidente una tendencia preocupante: cuando el sector público entra en crisis, el sector privado se beneficia. Si la educación fiscal se debilita, las instituciones privadas crecen y obtienen mayores ingresos; si las universidades públicas se deterioran, las privadas prosperan; si el sistema de salud pública colapsa, las clínicas privadas aumentan su negocio; si el IESS se precariza, los seguros privados y fondos de pensiones se fortalecen. La lógica es clara: menos Estado significa más negocio para unos pocos.
El bien público debería gestionarse en beneficio de la ciudadanía y no para favorecer intereses económicos particulares. Sin embargo, casos como el del presidente del IESS, con una glosa confirmada por Contraloría y pagos a clínicas de su propio entorno familiar evidencian un grave conflicto de intereses y un uso indebido de recursos públicos.
El 16 de noviembre, 13.9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas frente a un paquete de ofertas que promete seguridad, salud, trabajo, ahorro e incluso una nueva Constitución. Sin embargo, estas promesas están siendo sostenidas sobre discursos engañosos. La consulta popular plantea cuatro temas clave sobre los cuales el país deberá decidir:
1. Bases militares extranjeras.
El Gobierno presenta esta propuesta como una medida de seguridad; sin embargo, lo que realmente se busca es levantar la prohibición para que fuerzas militares extranjeras operen en territorio ecuatoriano. Expertos advierten que esto podría poner en riesgo la soberanía nacional: una vez que estas fuerzas ingresan, son ellas quienes imponen condiciones. Lo más alarmante es que, aun sin un veredicto ciudadano, el presidente Noboa ya ha ofrecido Galápagos y otros puntos estratégicos para tales fines.
2. Eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.
Aunque se vende como una medida de ahorro, esta propuesta abriría la puerta al financiamiento privado sin controles efectivos. En consecuencia, serían las grandes chequeras quienes definan la política nacional. Si un ciudadano sin recursos quisiera participar para servir al país, ¿cómo financiaría su campaña? ¿Con deudas ante grupos económicos? De ser así, la política dejaría de ser un espacio de representación pública para convertirse en un negocio privado donde “quien paga, manda”.
3. Reducción del número de asambleístas.
Menos curules no garantiza una mejor Asamblea; puede implicar menor representatividad de provincias, menos voces fiscalizadoras y una mayor concentración de poder político en pocos actores. Reducir asambleístas sin reformar la calidad del sistema legislativo podría profundizar el problema en lugar de solucionarlo.
4. Convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Se plantea sin hoja de ruta, sin lineamientos y sin claridad sobre sus límites. Ante la pregunta sobre el contenido de la propuesta, el propio presidente ha dicho en espacios pagados de comunicación: “Se los contaré el día que ganemos la consulta.” Es decir, primero se pide el voto y después se revelan los cambios. Una Constituyente es un proceso costoso y complejo, con una inversión de más de 200 millones de dólares del presupuesto público.; si las reglas son diseñadas por el poder de turno, el resultado es previsible: ganan quienes escriben las reglas del juego.
Nos ofrecen prosperidad, seguridad y futuro. Pero la pregunta esencial es:
¿futuro para quién?
¿Para el pueblo o para la banca privada?
¿Para la soberanía nacional o para intereses externos?
¿Para una democracia plural o para un poder concentrado y sin contrapesos?
¿La educación superior seguirá siendo gratuita o se convertirá en un derecho limitado solo para quienes tengan la capacidad económica de costearla?
Con una nueva Constitución, ¿se mantendrían los derechos al décimo tercero y décimo cuarto sueldo o podrían ser eliminados o modificados?
¿Cuál sería el futuro del Seguro Social en un nuevo marco constitucional: se fortalecerá como sistema público o se abrirá la puerta a su privatización?
Un país con soberanía restringida, partidos dependientes del dinero privado, menor representación legislativa y una Constitución hecha a medida del gobierno de turno no es progreso: es retroceso disfrazado de marketing político pagado con los impuestos de la ciudadanía.