Imperio de la Ley es una expresión que denota la absoluta necesidad de que en las sociedades humanas se obedezca las leyes legítimamente expedidas, como requisito indispensable para la justa, pacífica y civilizada convivencia entre sus miembros. Esto implica que todos sus miembros, sin ninguna excepción, estén sometidos a tales leyes y que ellas se apliquen de forma igual a todos. Esta expresión es la equivalente a la generalizada expresión del idioma inglés, “rule of law”, tan difundida entre los profesionales del derecho.
La llamada seguridad jurídica, esto es, que la ley se aplique pronta, justa y eficazmente, en igualdad de condiciones para todos los miembros de una sociedad, es un principio que se basa en el imperio de la ley.
Sin embargo, esta majestuosa expresión – imperio de la ley -, bien intencionada y buena como es, no implica por si misma que todas y cada una de las leyes que norman la sociedad sean buenas, justas y convenientes de ser aplicadas. Es imprescindible por tanto que tales leyes sean justas, equitativas y de aplicación general y, sobre todo, legitimante expedidas, esto es, dentro de un estado que haya organizado sus poderes públicos bajo las normas de una verdadera democracia. Solo así es justificable el imperio de la ley.
Penosamente en el Ecuador, el gobierno anterior de la engañosamente llamada revolución ciudadana, que por cierto en su posesión inicial no juro defender la constitución vigente a esa fecha, impuso al Ecuador la vigencia de una nueva constitución, al más puro estilo del socialismo del siglo XXI, que elimino la división de los tres poderes de una verdadera constitución de libertades y la sustituyo por un sistema engañoso de garantismos y antinaturales igualdades que incluye cinco poderes, siendo los dos añadidos totalmente antidemocráticos pues, ambos se deben y sujetan a la designación y a la injerencia descarada del poder ejecutivo que, con esta artimaña, se arroga el poder absoluto y totalitario del gobierno del Estado para sojuzgar a todos los miembros de la sociedad, persiguiendo a los que se oponen a sus designios.
El imperio de la ley en el escenario del Ecuador actual es, por tanto, uno de inseguridad jurídica e impunidad que mas se asemeja al imperio de la voluntad de un reducido numero de personas que ejercen el poder político a su discreción, que a una sincera forma de vida en democracia.
Es imperativo pues que, para rescatar al Ecuador se empiece por reformar sustancialmente la constitución vigente, o sustituirla: restableciendo el ejercicio del poder político en las tres funciones tradicionales de una verdadera democracia.