Hablar de la crisis que atraviesa el país es inevitable. La inseguridad, el desempleo, el deterioro de los servicios públicos y la

desconfianza institucional han reducido de manera evidente la calidad de vida de la ciudadanía. Sin embargo, en medio de esta gravedad generalizada, hay ejes que no pueden quedar relegados del debate público. Uno de ellos es la educación, y particularmente la educación superior pública.
La Universidad Nacional de Loja no es ajena a esta realidad. Quienes hemos sido parte de su historia conocemos de cerca los años de abandono institucional: docentes sin contrato, intervenciones administrativas, semanas enteras sin clases y una comunidad universitaria obligada a resistir en condiciones precarias.
Por eso, la fiscalización que hoy atraviesa la UNL no debería entenderse como una amenaza ni como una mancha. La fiscalización es, ante todo, una herramienta democrática. Responde a denuncias ciudadanas, recoge inquietudes legítimas y busca transparentar procesos que, por su naturaleza pública, deben estar siempre abiertos al escrutinio.
Fiscalizar no es sentenciar. No es condenar antes de investigar. Es preguntar, revisar, contrastar. Es dar voz a quienes durante años no la tuvieron y permitir que las instituciones públicas rindan cuentas sin escudos ni silencios incómodos. En ese sentido, lejos de debilitar a la Universidad, la fiscalización representa una oportunidad: la posibilidad de aclarar dudas, corregir errores y fortalecer su legitimidad ante la sociedad.
Sin embargo, lo que resulta llamativo es el temor que este proceso parece haber generado entre ciertos grupos universitarios. Un temor que se traduce en discursos defensivos, pero también en la circulación de pasquines y videos difundidos desde cuentas trolls, que reutilizan imágenes de la lucha estudiantil durante los años de intervención. Imágenes que no son casuales ni inocentes: corresponden a un momento de movilización legítima, de estudiantes que se cansaron del abandono de las autoridades de turno y que, precisamente, permitieron el paso a una nueva administración. Hoy, esas mismas imágenes son instrumentalizadas para deslegitimar la fiscalización y presentar el escrutinio público como una amenaza, cuando en realidad fueron símbolo de resistencia frente al abandono institucional.
Una institución sólida no teme a la transparencia. Una universidad que ha superado el abandono, que apuesta por el crecimiento académico y que se reivindica como espacio de pensamiento crítico, debería ser la primera en abrir sus puertas y demostrar, con hechos, que las acusaciones no tienen sustento o que los errores han sido asumidos y corregidos.
Quienes vivimos las calamidades de una universidad abandonada no pedimos persecuciones ni revanchas. Pedimos claridad. Pedimos procesos abiertos. Pedimos que la UNL deje de ser señalada con el dedo acusador y pueda, por fin, responder con información, datos y responsabilidad institucional.
La fiscalización no es el problema. El problema es el miedo a ella. Porque cuando una universidad teme ser observada, la pregunta ya no es quién fiscaliza, sino qué se intenta ocultar.
Cisne Muñoz-Tandazo