Hablar de transparencia en la administración pública ya no puede ser entendido como un simple recurso retórico ni como una promesa de
campaña. En sociedades donde la confianza ciudadana hacia las instituciones se encuentra constantemente en tensión, la transparencia se ha convertido en una condición indispensable para sostener la legitimidad democrática. No es exagerado afirmar que la democracia se debilita cuando la gestión pública opera en la opacidad, porque la ausencia de información clara, accesible y verificable alimenta sospechas, incentiva la corrupción y rompe el vínculo entre ciudadanía y Estado.
Es de esta manera, que la transparencia hoy debe ser comprendida en un sentido amplio, tomando en cuenta que durante mucho tiempo se limitó a la obligación formal de entregar información cuando esta era solicitada. Sin embargo, en la actualidad implica garantizar un acceso real, oportuno y comprensible a la información pública. Esto significa que no basta con publicar documentos en plataformas digitales, sino asegurar que la ciudadanía pueda entenderlos, utilizarlos y convertirlos en herramientas de control social. A decir de Naciones Unidas (2018). La transparencia, en ese sentido, no se reduce a cumplir una norma, sino a permitir que las personas conozcan cómo se toman las decisiones, cómo se usan los recursos públicos y cuáles son los resultados de la gestión estatal. Diversos organismos internacionales han resaltado que la transparencia no solo previene la corrupción, sino que mejora la eficiencia administrativa, fortalece la rendición de cuentas y promueve gobiernos más abiertos e innovadores.
En el contexto actual, los Estados no administran únicamente presupuestos, programas o políticas públicas; administran también confianza. Cada decisión y cada acto administrativo construyen o erosionan la percepción ciudadana sobre las instituciones. Cuando la información se oculta o se maneja de forma selectiva, el Estado deja de ser un espacio común para convertirse en un ámbito reservado para pocos, lo que genera distancia, desafección y desconfianza. Por el contrario, cuando la gestión pública se abre, explica, comunica y rinde cuentas, se transforma la relación con la ciudadanía. El ciudadano deja de ser un observador pasivo para convertirse en un actor que puede exigir, cuestionar y participar activamente en los asuntos públicos. Esto conecta directamente la transparencia con la participación ciudadana y con el concepto de gobierno abierto, entendido como una forma de administración que promueve colaboración, innovación y cercanía con la sociedad (OCDE, 2016).
En muchos países de la región, los avances normativos en materia de acceso a la información han sido significativos. Sin embargo, el reto ya no es jurídico, sino práctico: lograr que la transparencia sea un ejercicio cotidiano y efectivo. Para ello se requiere institucionalidad sólida, organismos de control independientes, plataformas tecnológicas eficientes y, sobre todo, voluntad política. Sin estos elementos, la transparencia corre el riesgo de convertirse en un discurso vacío o en una obligación formal sin impacto real. Fortalecer la transparencia, en definitiva, es fortalecer la democracia. Cuando el Estado abre sus puertas y rinde cuentas, no solo mejora su gestión, sino que dignifica su relación con la ciudadanía y reafirma que el poder público debe siempre responder a los intereses colectivos y no a lógicas del privilegio.