El Consorcio Jurídico Aguirre Carrión obtuvo un importante logro judicial al conseguir que se declare la nulidad de un proceso penal seguido en contra de un joven diagnosticado con esquizofrenia paranoide, quien había sido detenido en 2023 en circunstancias irregulares y mantenido bajo prisión preventiva durante tres meses.

En su momento, la policía ingresó a su domicilio y lo acusó de posesión de marihuana y cultivo de plantas de cannabis. Durante la etapa de instrucción fiscal, un certificado médico reveló que el procesado presentaba síntomas de esquizofrenia paranoide, enfermedad mental que le provoca alucinaciones visuales, cuadros severos de depresión y pensamientos suicidas.

A pesar de su estado de salud, el proceso se extendió por más de dos años, incrementando el sufrimiento del joven y de su familia. Durante ese tiempo, el caso permaneció en manos de la Defensoría del Pueblo, sin que se obtuviera ninguna solución ni respuesta efectiva.

La situación cambió cuando el Consorcio Jurídico Aguirre Carrión asumió la defensa. En menos de un mes de trabajo, su equipo jurídico realizó un exhaustivo análisis y detectó una nulidad procesal: conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas con discapacidad psíquica o mental son inimputables, es decir, no pueden ser juzgadas porque no comprenden la ilicitud de sus actos.

Gracias a esta defensa, en audiencia realizada el pasado jueves, la Fiscalía y el juez de la causa aceptaron la nulidad. Esta decisión garantiza que el joven no sea recluido en un centro carcelario, sino que reciba la medida de seguridad correspondiente para su tratamiento médico.

“Las enfermedades mentales no son una elección, son realidades que requieren comprensión y tratamiento, no criminalización. Con esta resolución hemos devuelto la paz y tranquilidad a este joven y a su familia”, señaló el Dr. Boris Aguirre, gerente general del Consorcio Jurídico Aguirre Carrión.

El Consorcio reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la búsqueda de justicia en casos donde la vulnerabilidad y la falta de garantías procesales ponen en riesgo la vida y dignidad de las personas.