Todos hemos escuchado alguna vez esa frase: «el que delinque, es porque quiere». Pero la realidad —esa que no siempre queremos ver— es
mucho más compleja, pues no todos los que cometen delitos son malas personas, nacieron con la intención de hacer daño o eligieron libremente el camino que los llevó a una condena. Muchos, antes de ser procesados, fueron víctimas del sistema.
Aquí es donde empieza la incomodidad. Es fácil exigir que se cumpla la ley, pero lo difícil es preguntarnos si la sociedad cumplió primero con esas personas. Veamos algo sencillo: ¿Puede alguien elegir estudiar cuando no tiene acceso a educación de calidad? ¿Puede alguien elegir trabajar cuando no hay empleo? ¿Puede alguien elegir la legalidad cuando la necesidad golpea todos los días? No siempre. A veces, la falta de oportunidades empuja a las personas hacia decisiones equivocadas, no por maldad o ambición, sino por necesidad.
Es importante ser claros: no estoy diciendo que todos los delitos se cometen por necesidad. Existen personas con malas intenciones, conductas violentas y decisiones conscientes de causar daño; negarlo sería irresponsable. Sin embargo, también existen muchos otros casos que rara vez se analizan: personas que crecieron sin acceso a educación, nunca tuvieron oportunidades laborales y nacieron en contextos donde sobrevivir ya era una lucha diaria.
A pesar de esto, no faltará quien, desde la comodidad de su vida, su casa y su cama, con la tranquilidad de tener tres comidas al día, diga con total seguridad: «son delincuentes porque quieren». Es fácil decirlo cuando nunca ha faltado el pan en la mesa, juzgar cuando nunca se ha sentido la desesperación o condenar cuando jamás se ha tenido que elegir entre la legalidad y la supervivencia. La realidad no siempre es tan simple.
El mismo sistema que no garantizó educación, empleo o acceso a derechos fundamentales, aparece luego con todo su peso para castigar a quien, en medio de la desesperación, cruzó la línea. La ley se cumple, pero la justicia, a veces, se queda corta. No se trata de justificar el delito, sino de entender que muchos no nacen de la maldad, sino de la pobreza, la desesperación y el abandono institucional.
Es fácil señalar a quien roba o exigir condenas, pero es más difícil preguntarse por qué llegó hasta ese punto o reconocer que el sistema falló primero. Cuando una persona crece sin educación, sin oportunidades y sin acceso a derechos básicos, el margen de decisión se reduce y la necesidad manda. Entonces ocurre lo inevitable: la persona comete un delito, es procesada, condenada y termina pagando una pena.
Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿Quién falló primero? El sistema que no ofreció oportunidades termina castigando a quienes no las tuvieron. Esto no significa que no deba existir sanción, sino que debemos entender que no todos los condenados son delincuentes por vocación. Muchos son personas que tomaron decisiones equivocadas en contextos difíciles y que, de haber tenido oportunidades, probablemente habrían tomado otro camino.
Al no ocurrir esto, la historia se repite. Seguimos llenando cárceles y castigando consecuencias mientras ignoramos las causas. Mientras no entendamos esto, seguiremos viendo a personas que, antes de ser infractores, fueron víctimas de un sistema que nunca les dio una oportunidad. Al final, la verdadera pregunta no es por qué delinquen, sino: ¿cuántos de ellos habrían elegido otro camino si el sistema no los hubiera abandonado primero?