Hay frases que se repiten tanto en el debate público que terminan convirtiéndose en una especie de verdad automática. Una de ellas aparece constantemente en conversaciones, comentarios en redes sociales y discusiones políticas: “La Constitución del Ecuador protege a los delincuentes.”

Confieso que cada vez que leo esa afirmación me surge la misma inquietud: ¿realmente hemos leído la Constitución antes de responsabilizarla de uno de los problemas más graves que vive el país?

La inseguridad es una realidad que nadie puede negar. Basta escuchar las noticias, conversar con amigos o caminar por cualquier ciudad del Ecuador para sentir la preocupación colectiva frente a la delincuencia. Robos, extorsiones, violencia y crimen organizado han generado una sensación de miedo que atraviesa a toda la sociedad. En este sentido, es comprensible que muchas personas busquen explicaciones simples para problemas complejos. Y una de esas explicaciones ha sido culpar directamente a la Constitución.

Pero cuando escucho que se afirma que la Constitución “protege a los delincuentes”, considero que vale la pena detenernos y analizar con calma qué significa realmente esa afirmación.

La Constitución ecuatoriana de 2008 no fue creada para proteger a delincuentes. Fue diseñada para proteger derechos. Esta diferencia, que puede parecer pequeña, en realidad es fundamental para comprender cómo funciona un Estado constitucional de derecho.

Las constituciones modernas no existen para premiar a las personas buenas ni para castigar a las personas malas. Su función principal es establecer límites al poder del Estado y garantizar que ninguna autoridad pueda actuar de manera arbitraria. Por esa razón, en la Constitución aparecen principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la legalidad penal o el derecho a ser juzgado por un juez competente.

En muchas ocasiones, cuando una persona acusada de un delito ejerce estas garantías, surge inmediatamente la crítica; “Ahí está la Constitución protegiendo al delincuente”. Sin embargo, lo que en realidad está ocurriendo es algo muy distinto. Lo que se está aplicando es un principio fundamental del derecho; nadie puede ser juzgado sin que exista un proceso justo.

Imaginemos por un momento lo contrario. Pensemos en un sistema donde la policía pueda detener a cualquier persona sin pruebas, donde alguien pueda ser condenado sin tener la oportunidad de defenderse o donde una autoridad pueda imponer penas sin respetar reglas claras. Tal vez en un primer momento algunos pensarían que ese sistema sería más eficiente para combatir el crimen. Pero la historia demuestra que los sistemas que eliminan garantías terminan convirtiéndose en instrumentos de abuso.

Las garantías constitucionales no nacieron por casualidad. Surgieron después de siglos de injusticias, persecuciones y abusos de poder. En distintos momentos de la historia, miles de personas fueron encarceladas, torturadas o ejecutadas sin juicio alguno. Precisamente para evitar que esas situaciones se repitan, los Estados modernos incorporaron límites jurídicos al poder punitivo.

Por eso, cuando hablamos de garantías como la presunción de inocencia o el derecho a la defensa, no estamos hablando de privilegios para delincuentes. Estamos hablando de protecciones para todos los ciudadanos.

Cualquiera de nosotros podría enfrentar algún día una acusación injusta. Podría tratarse de un error, de una denuncia falsa o de una investigación mal realizada. En ese momento, las garantías constitucionales se convierten en la única barrera frente a una posible condena injusta.

Por supuesto, reconocer la importancia de estas garantías no significa negar el problema de la delincuencia. Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más complejas de su historia reciente. El crecimiento del crimen organizado, la violencia carcelaria y el aumento de ciertos delitos han generado una sensación generalizada de inseguridad.

Sin embargo, atribuir esta situación exclusivamente a la Constitución es una simplificación que no resiste un análisis serio.

La delincuencia no aparece por la existencia de derechos constitucionales. Los problemas de seguridad suelen tener causas mucho más profundas; debilidad institucional, falta de recursos para la investigación penal, sistemas penitenciarios colapsados, corrupción, ausencia de políticas públicas sostenidas y, en muchos casos, desigualdades sociales que se arrastran durante décadas.

Ninguna Constitución, por sí sola, genera delincuencia.

De hecho, si revisamos la Constitución (CRE), encontraremos disposiciones muy claras que obligan al Estado a garantizar la seguridad de las personas. La seguridad ciudadana no es una idea abstracta; es un deber constitucional del Estado. Esto significa que las autoridades tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas eficaces para prevenir el delito, investigar los hechos criminales y sancionar a los responsables dentro del marco de la ley.

Cuando estas funciones no se cumplen adecuadamente, el problema no suele estar en la Constitución, sino en la manera en que las instituciones aplican o dejan de aplicar las normas.

En muchas ocasiones, por ejemplo, las investigaciones penales fracasan no porque existan demasiadas garantías, sino porque las investigaciones se realizan sin la suficiente rigurosidad técnica. Otras veces los procesos se debilitan por falta de coordinación institucional, por errores procesales o por la ausencia de pruebas sólidas.

También debemos reconocer que el sistema penitenciario ecuatoriano ha atravesado una profunda crisis en los últimos años. Las cárceles, lejos de cumplir su función de rehabilitación social, se han convertido en espacios donde operan organizaciones criminales. Pero nuevamente surge la misma pregunta: ¿es la Constitución la responsable de esta situación o son las políticas públicas y la gestión institucional las que han fallado?

Cuando analizamos el problema con mayor profundidad, resulta evidente que la realidad es mucho más compleja que una simple frase repetida en redes sociales.

Existe, además, otro riesgo cuando se instala la idea de que los derechos constitucionales son el problema; se comienza a justificar la reducción de garantías en nombre de la seguridad. Y ese camino puede ser peligroso.

La historia demuestra que cuando los Estados empiezan a debilitar derechos para combatir el crimen, el resultado no siempre es más seguridad. En muchos casos lo que aparece es un aumento del poder arbitrario, abusos de autoridad y violaciones de derechos que terminan afectando a personas inocentes.

La seguridad y los derechos no deberían ser vistos como conceptos opuestos. Por el contrario, un verdadero Estado democrático debe ser capaz de garantizar ambos al mismo tiempo.

Combatir la delincuencia es una obligación del Estado. Pero hacerlo respetando las reglas del derecho es lo que diferencia a un sistema democrático de un sistema autoritario.

Por eso, cuando escucho la frase “la Constitución protege a los delincuentes”, creo que el verdadero problema no está en la constitución (CRE), sino en la forma en que estamos interpretando el papel de los derechos en una sociedad democrática.

Las garantías constitucionales no fueron creadas para proteger a quienes cometen delitos. Fueron creadas para proteger a los ciudadanos frente al abuso del poder.

Y en un país donde cualquiera podría enfrentar una acusación injusta, esa protección no es un privilegio: es una necesidad fundamental.

Tal vez el debate que realmente deberíamos tener no es si la Constitución protege a los delincuentes, sino cómo fortalecer nuestras instituciones para que el sistema de justicia funcione con eficacia, transparencia y respeto a la ley.

Porque al final del día, una sociedad más segura no se construye eliminando derechos, sino aplicando correctamente la justicia.