En los últimos años, la Policía Nacional de Ecuador ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Han llevado a cabo numerosas operaciones que resultaron en la captura de delincuentes vinculados a peligrosas bandas delictivas. Estos sujetos, muchas veces sorprendidos en flagrancia, portan armas ilegales, sustancias psicotrópicas, o están involucrados directamente en la comisión de delitos graves. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, existe una inquietante tendencia: una vez que estos delincuentes son puestos a órdenes de la justicia, no es raro que pronto se encuentren nuevamente en libertad. Esto nos lleva a plantear una pregunta fundamental: ¿qué está ocurriendo en la Fiscalía?

No es secreto que en diversas ocasiones los criminales capturados por la Policía Nacional terminan siendo liberados por orden judicial, dejando a la sociedad ecuatoriana en estado de vulnerabilidad. El problema parece radicar en un sistema de justicia que, en algunos casos, es incapaz de sostener una acción coherente y eficaz. La sensación de impunidad se afianza cada vez que vemos a un delincuente detenido con pruebas contundentes, pero que luego es liberado.

A menudo, los casos no están debidamente fundamentados o las pruebas presentadas no son suficientes para sostener una acusación sólida en los tribunales. Sin embargo, también surge la inquietante posibilidad de que haya fisuras en el sistema judicial, donde el poder y la influencia de ciertos grupos de delincuencia organizada puedan interferir en las decisiones judiciales. Si la Policía arriesga su vida en la captura de estos criminales, ¿por qué fallan las instituciones encargadas de llevarlos ante la justicia?

Este ciclo de capturas y liberaciones tiene consecuencias devastadoras para la sociedad ecuatoriana. La delincuencia ha evolucionado, pasando de simples robos a la expansión de redes de narcotráfico, secuestros, extorsiones y asesinatos. Cada vez que un delincuente sale en libertad, se envía un mensaje claro: no existe un castigo real. Esta percepción de impunidad no solo alienta a los criminales a seguir cometiendo delitos, sino que desmoraliza a la ciudadanía, que pierde la confianza en las instituciones encargadas de protegerla.

Existen más dudas que respuestas. ¿Qué está fallando en la cadena de justicia? ¿Es acaso que la Policía captura y la fiscalía libera? ¿Por qué no se dictan las medidas preventivas necesarias para que estos criminales no vuelvan a las calles? La población está sufriendo las consecuencias de un sistema que, en lugar de protegerla, parece estar permitiendo que la delincuencia florezca, Si no se logra este equilibrio, el precio a pagar será cada vez más alto: una sociedad asfixiada por la violencia y la inseguridad, mientras los criminales siguen caminando en libertad.