¿Por qué decimos que la consulta es tramposa y mañosa?

Estamos conscientes que el Consejo Nacional Electoral actuó sin contar con los requisitos constitucionales y legales correspondientes, constituyendo una franca y evidente violación no solo de normas legales sino también de principios y derechos constitucionales; violentando entre otros: el derecho a la Seguridad Jurídica contenido en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador y además los derechos de participación contenidos en el Art. 61 de nuestra Constitución, especialmente referente al numeral 2 ya que no se ha permitido a quienes se presentaron con “Amicus Curiae” participar en el proceso de dictamen previo que la Corte Constitucional se encontraba llevando a cabo al momento de emitirse el decreto ejecutivo.
Pese a ello vamos hacer análisis semanal a cada una de las preguntas, en esta semana nos centramos en la pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes?
Se encuentra en vigencia en nuestra constitución el Art. 233.- “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”.

En la Asamblea Nacional se aprobó el Código Integral Penal, de igual forma en el Art. 75.- del COIP se ratifica la no prescripción …”las  infracciones de  agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales”.

Debemos reflexionar amigos lectores; existen casos de algunos ex servidores que robaron, huyeron y regresaron al País por cuanto antes la ley los prescribía y no se los podía juzgar en ausencia, esto se cambió y se mejoró.

En el Art. 278 del COIP .- Peculado.- “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años”…

“…Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público…”

En el Art. 279 del COIP .- Enriquecimiento ilícito.- “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años…”
“…Si el incremento del patrimonio es hasta doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años”.

En el Art. 280 del COIP.- Cohecho.- “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o
de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años…”

“…La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionada con las mismas penas
señaladas para los servidores públicos”.

Es evidente que se trabajó para mejorar en el País la legislación, hoy ya están tipificadas las acciones legales para sancionar la corrupción en el Ecuador, desde la prohibición de ejercer cargo público, las penas y enajenación de bienes; sin embargo, si se desearía endurecer la ley, se debería hacer las reformas pertinentes en la Asamblea Nacional. Ahora entenderán porque es una #ConsultaTramposayMañosa.

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